Historia Sociotécnica del Sistema Electoral Paraguayo: De la Ley de Desbloqueo a la Crisis de las Máquinas de Votación (2019-2026)

1. Introducción: La Transición Tecnológica como Campo en Disputa

El estudio de las instituciones democráticas en la República del Paraguay durante la tercera década del siglo XXI exige un análisis exhaustivo de su infraestructura electoral. El sistema de votación, históricamente fundamentado en el sufragio manual mediante papeletas impresas, experimentó una metamorfosis radical hacia la digitalización. Este proceso, lejos de ser una mera actualización administrativa o logística, se constituyó en un campo de profundas disputas hegemónicas que reconfiguraron las relaciones entre el Estado, los partidos políticos, la sociedad civil y los conglomerados corporativos y financieros.

El presente informe histórico traza la cronología detallada de esta transición, con un enfoque particular en el turbulento periodo comprendido entre los años 2024 y 2026. Durante este lapso, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) atravesó una de sus mayores crisis de legitimidad institucional al intentar ejecutar una compra definitiva de máquinas de votación por un valor aproximado de 92 millones de dólares estadounidenses (Diario Última Hora, 2025)¹. Dicha iniciativa fue abruptamente cancelada tras una intervención directa del Senado paraguayo, lo que derivó en un cuestionado retorno al modelo de arrendamiento, adjudicado a un consorcio empresarial previamente descalificado por irregularidades técnicas y estrechamente vinculado a las más altas esferas del poder político y financiero del país (Diario ABC Color, 2025)².

A través de un riguroso escrutinio de fuentes hemerográficas contemporáneas —abarcando la cobertura de medios de prensa escrita, radial y televisiva como ABC Color, Última Hora, La Nación, ADN Digital, Radio Cáritas y Unicanal—, la narrativa histórica que aquí se expone desentraña los mecanismos de poder subyacentes. Se analizan, asimismo, las profundas controversias técnicas y los señalamientos de vulnerabilidad estructural que han acompañado a las máquinas de votación, evidenciando un debate histórico inconcluso sobre la privacidad, la auditabilidad del código fuente, el "solucionismo tecnológico" y la salvaguarda de la soberanía democrática (TEDIC, 2021)⁵.

2. El Origen del Paradigma Electrónico: La Ley 6318/19 y el Desbloqueo de Listas

Para comprender la magnitud de la crisis institucional de 2025 y 2026, es imperativo remontarse a la génesis jurídica de la arquitectura electoral contemporánea paraguaya. El 24 de mayo de 2019, el Congreso de la Nación promulgó la Ley N° 6318, la cual introdujo modificaciones sustanciales al Código Electoral Paraguayo (Ley N° 834/96). Esta legislación representó el corolario de años de movilizaciones ciudadanas que exigían el fin de las "listas sábanas" cerradas y bloqueadas, un mecanismo que históricamente había garantizado el control de las cúpulas partidarias sobre la representación parlamentaria (Digesto Legislativo, 2019)⁷.

La nueva normativa (Ley 6318/19) estableció de manera obligatoria el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para todos los cargos pluripersonales, incluyendo convencionales constituyentes, senadores, diputados, parlamentarios del Mercosur y miembros de juntas departamentales y municipales⁷. El artículo 1 de dicha ley modificó los artículos 241, 247, 249, 250 y 258 del Código Electoral, determinando que el voto preferencial emitido a favor de cualquier candidato alteraría el orden de prelación dentro de la lista propuesta por el partido o movimiento político⁷.

Este avance en la calidad representativa de la democracia paraguaya trajo consigo un desafío logístico de proporciones monumentales. El conteo manual del voto preferencial para cientos de candidatos en miles de mesas de votación resultaba fácticamente imposible en los tiempos que exige un escrutinio electoral moderno. En consecuencia, la Ley 6318/19 ordenó taxativamente al TSJE arbitrar los medios técnicos necesarios para la implementación obligatoria de un sistema de votación y escrutinio electrónico⁷.

El Modelo de la Boleta Única Electrónica

En respuesta al mandato legislativo, la Justicia Electoral optó por implementar el modelo de "boleta única electrónica". Desde una perspectiva tecnológica y procedimental, este sistema se distingue de las urnas de registro electrónico directo (DRE) utilizadas en naciones como Brasil, en las cuales el voto queda almacenado exclusivamente en una memoria interna¹⁰.

En el modelo adoptado por Paraguay, la máquina funciona ostensiblemente como una interfaz de selección y una impresora. El elector interactúa con una pantalla táctil en el cuarto oscuro, selecciona a sus candidatos y la máquina imprime estas selecciones en una boleta física. Esta boleta contiene, además de la impresión legible por el ser humano, un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID) o un código QR donde se encripta digitalmente la información del sufragio. Posteriormente, el elector deposita esta papeleta en una urna plástica tradicional¹⁰. Durante el escrutinio, los miembros de mesa acercan el chip de cada boleta al lector de la máquina, la cual tabula automáticamente los resultados y emite las actas correspondientes.

La historiografía de la tecnología electoral señala que este modelo híbrido pretendía conciliar la velocidad del procesamiento digital con la seguridad de un respaldo físico auditable (el papel)⁵. Sin embargo, como se demostraría en los años subsiguientes, la privatización de esta infraestructura y la opacidad del código fuente erosionarían rápidamente la confianza pública en el sistema.

3. Bautismo de Fuego: El Incendio de 2022 y la Fractura de la Confianza en 2023

La implementación de esta maquinaria fue encomendada, mediante procesos de arrendamiento iniciales, al consorcio argentino Magic Software Argentina (MSA), que proveyó los equipos para las elecciones municipales de 2021 y las elecciones generales de 2023³. No obstante, la vulnerabilidad logística del Estado paraguayo para resguardar esta tecnología quedó trágicamente expuesta el 29 de septiembre de 2022 (Diario Última Hora, 2022)¹².

A escasos tres meses de las cruciales elecciones internas simultáneas de los partidos políticos, un incendio de enormes proporciones y de origen sospechoso consumió el Bloque G de la sede central del TSJE en Asunción¹². El siniestro resultó en la pérdida de una vida humana y la destrucción total de aproximadamente 8.500 máquinas de votación que se encontraban depositadas para su inminente distribución¹². El presidente del TSJE en aquel momento, Jaime Bestard (ANR), tuvo que intervenir públicamente para garantizar a la ciudadanía que, a pesar de la pérdida de casi un tercio del parque tecnológico arrendado (de un total de 22.000 máquinas), las elecciones del 18 de diciembre se llevarían a cabo sin postergaciones, recurriendo a un ajuste en el número de electores por mesa y a un agresivo plan de contingencia logística¹².

Las Elecciones Generales de 2023 y el Conflicto del "Sobre 4"

Si el incendio de 2022 demostró la fragilidad física del sistema, las elecciones generales del 30 de abril de 2023 evidenciaron su fragilidad política. En dichos comicios, el candidato presidencial antisistema Paraguayo "Payo" Cubas, líder del movimiento Cruzada Nacional, obtuvo el tercer lugar con 692.663 votos, equivalentes al 22,91% del total nacional (Diario ABC Color, 2023)¹⁷. Negándose a aceptar la derrota ante el Partido Colorado, Cubas denunció un supuesto fraude electoral masivo cimentado en la "manipulación algorítmica" de las máquinas de votación¹⁷.

Las declaraciones de Cubas operaron como un catalizador para un estallido social. Simpatizantes de Cruzada Nacional y de la Concertación Nacional (la principal alianza opositora liderada por el Partido Liberal Radical Auténtico - PLRA) protagonizaron intensas manifestaciones, cortes intermitentes de rutas nacionales en lugares estratégicos como Tobatí y el departamento de Alto Paraná, y violentos disturbios frente a la propia sede del TSJE en Asunción¹⁷.

El epicentro del reclamo opositor se concentró en una exigencia técnica precisa: la apertura del "Sobre 4". En la logística electoral paraguaya, los boletines de voto físicos impresos por las máquinas se resguardan en este sobre tras el escrutinio de la mesa. La oposición, asumiendo que los chips habían sido programados para alterar los resultados durante el conteo electrónico, exigió al TSJE que abriera los Sobres 4 para realizar un conteo manual aleatorio de al menos el 10% de las papeletas y cotejarlos con las actas digitales, acompañando el proceso de una auditoría informática internacional independiente (El Surtidor, 2023)¹⁷.

La respuesta institucional del TSJE fue inflexible. Apoyándose en la legislación vigente, las autoridades electorales denegaron la apertura de los sobres, argumentando que la ley no preveía recuentos manuales en la etapa de juzgamiento definitivo y que las máquinas ya habían superado satisfactoriamente las auditorías previas con presencia de todos los partidos políticos²⁰. La negativa institucional a permitir una verificación cruzada, sumada a la posterior detención y encarcelamiento de Paraguayo Cubas el 5 de mayo de 2023 (quien posteriormente enfrentaría juicio oral por perturbación de la paz pública y tentativa de impedimento de elecciones), sedimentó en amplios sectores de la población la percepción de que las máquinas operaban como una "caja negra" inescrutable, diseñada para blindar el statu quo hegemónico¹⁹.

4. La Ambición de la Soberanía Tecnológica: El Proyecto de Adquisición (2024-2025)

A pesar de la fractura en la confianza pública, las autoridades del TSJE defendieron la irreversibilidad del voto electrónico. Bajo la premisa de que el Estado paraguayo debía emanciparse de la dependencia corporativa extranjera y reducir el drenaje de recursos públicos provocado por el constante arrendamiento de equipos, el máximo tribunal electoral decidió modificar su estrategia administrativa²².

Históricamente, el alquiler de las máquinas había representado un costo oneroso para el erario. En 2020, el monto destinado al arrendamiento fue de 21 millones de dólares, escalando a 36 millones de dólares para el ciclo electoral posterior al incendio (Diario Última Hora, 2022)¹². Frente a esta coyuntura, el ministro Jaime Bestard estructuró un argumento económico: la compra definitiva de los equipos representaría una inversión de capital inicial alta, pero generaría un ahorro proyectado superior a los 100 millones de dólares al eliminar los costos de alquiler durante los próximos tres o cuatro ciclos electorales plurianuales (2025-2028)²².

Con este sustento, a finales del año 2024, el TSJE lanzó la Licitación Pública Internacional N° 1/2025 (ID N° 460034) titulada "Adquisición de Máquinas de Votación Electrónicas para la Justicia Electoral en cumplimiento de la Ley 6318/19-Plurianual 2025/2026/2027/2028". El proyecto contemplaba la compra definitiva de 28.000 máquinas de votación, estableciendo un valor referencial de adjudicación de aproximadamente 92,8 millones de dólares estadounidenses (Diario Última Hora, 2025)¹.

El multimillonario proceso licitatorio atrajo el interés de corporaciones tecnológicas transnacionales, destacándose tres oferentes principales. Entre ellos, el consorcio surcoreano Miru Systems y el Consorcio Comitia-MSA⁴. Este último, integrado por la ya conocida firma argentina Magic Software Argentina, buscaba consolidar su monopolio en la provisión de infraestructura electoral en Paraguay, pasando de ser arrendador a proveedor definitivo del Estado².

El Fracaso Técnico de Julio de 2025: Un Intento de Fraude Documentado

El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado a compra establecía rigurosos estándares de seguridad y especificaciones de hardware ineludibles. La fase crítica de evaluación técnica se llevó a cabo a mediados de 2025. Los registros oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y los informes internos del Comité de Evaluación del TSJE (particularmente las páginas 147 y 153 del dictamen) reconstruyen minuciosamente los acontecimientos ocurridos entre el 15 y el 17 de julio de 2025 (Diario ABC Color, 2026)².

Durante estas jornadas de pruebas funcionales, que exigían someter a las máquinas a 12 horas de funcionamiento continuo y auditoría de estrés, el Consorcio Comitia-MSA incurrió en actos calificados por veedores y competidores como intentos deliberados de fraude técnico. El 15 de julio, los representantes técnicos del consorcio —identificados en los expedientes como Francisco Pérez Quintana, Juan Pablo Prezzoli y Nicolás Geraldo Nelson Deane— introdujeron a las instalaciones del TSJE una pantalla táctil, registrándola subrepticiamente bajo la categoría de "accesorio"².

El 17 de julio, en pleno desarrollo de las pruebas oficiales, los técnicos de Comitia-MSA procedieron a desensamblar una de las cinco máquinas que formaban parte de su oferta vinculante original y reemplazaron su pantalla por el supuesto "accesorio"². La motivación detrás de esta maniobra quedó al descubierto rápidamente: las pantallas originales ofertadas por el consorcio argentino no poseían las características mínimas exigidas por el Estado paraguayo (específicamente, no eran pantallas LCD táctiles capacitivas policromáticas), por lo que intentaron engañar a los evaluadores alterando el hardware in situ².

El intento de sustitución de hardware fue apenas la superficie de las deficiencias del consorcio. Sometido al escrutinio técnico, el sistema de Comitia-MSA reprobó de manera estrepitosa un total de 26 exigencias de seguridad, funcionalidad y calidad de impresión establecidas como críticas por la Justicia Electoral³.

Para ilustrar la magnitud del fracaso técnico que motivó la posterior descalificación, la siguiente tabla detalla las vulnerabilidades más críticas identificadas en el sistema de Comitia-MSA durante las pruebas de julio de 2025:

Ante la abrumadora evidencia técnica de estos 26 incumplimientos y la gravedad de la alteración física de las muestras en plena evaluación, el Comité Evaluador no tuvo más alternativa que dictaminar en contra del proveedor. El 29 de agosto de 2025, el TSJE emitió una resolución oficial decretando la descalificación del Consorcio Comitia-MSA del proceso licitatorio de compra².

No obstante, en la intrincada política paraguaya, las determinaciones técnicas rara vez operan en el vacío. La descalificación del consorcio coincidió milimétricamente con una intervención externa que cambiaría el rumbo de la historia electoral del país: la intromisión del Poder Legislativo.

5. Hegemonía Legislativa y la Cancelación de la Compra (Agosto 2025)

El ecosistema político paraguayo en 2025 se encontraba bajo la hegemonía casi absoluta del movimiento Honor Colorado (vertiente conocida como "cartismo", liderada por el expresidente Horacio Cartes y el mandatario en ejercicio Santiago Peña). Este sector ostentaba el control de ambas cámaras del Congreso Nacional, permitiéndole ejercer una influencia determinante sobre el resto de los poderes del Estado (Diario Última Hora, 2025)¹.

El 27 de agosto de 2025 —apenas dos días antes de que el TSJE oficializara la descalificación de Comitia-MSA— el Senado de la Nación aprobó un sorpresivo proyecto de declaración dirigido a la Justicia Electoral. Impulsada por la mayoría cartista y sus aliados, la declaración instaba perentoriamente al TSJE a "dejar sin efecto", "suspender" o "retrotraer" la millonaria licitación para la compra de máquinas de votación (El Nacional, 2025)²⁶.

El argumento público esgrimido por los promotores de la iniciativa, notablemente el senador Arnaldo Samaniego (ANR), presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara Alta, pivotó sobre dos ejes: el económico y el de la confianza pública. Samaniego argumentó que las constantes trabas y dudas generadas sobre las garantías técnicas de los equipos ponían en riesgo la credibilidad de los comicios municipales venideros¹. Además, contrastó la onerosidad de la adquisición —valuada en 92 millones de dólares— con la supuesta viabilidad económica de retornar al modelo de arrendamiento, el cual, según sus proyecciones, rondaría apenas los 30 millones de dólares para el siguiente ciclo¹.

El senador oficialista Basilio "Bachi" Núñez, presidente del Congreso, ratificó su "confianza" en los ministros del TSJE, pero respaldó firmemente la vía del alquiler³⁰. Desde las trincheras de la oposición, legisladores como el senador Rafael Filizzola advirtieron que la orden de cancelar la compra operaba "a contramano" del sentido común y vulneraba la autonomía de la Justicia Electoral, escondiendo intereses subrepticios detrás de la súbita preocupación por el gasto público (Diario ABC Color, 2025)²³.

Inicialmente, las autoridades del TSJE ensayaron una tímida resistencia. El ministro Jaime Bestard advirtió públicamente sobre las catastróficas consecuencias logísticas de acatar la orden del Senado. En declaraciones a la prensa, Bestard sentenció: "Si tenemos que hacer una nueva licitación para arrendamiento, no llegamos a las municipales. Vamos a arrancar de cero y vamos a quedar mal parados"²³. Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, intentó minimizar el impacto de la declaración senatorial, afirmando que las disputas no afectarían el normal desarrollo de las elecciones municipales de junio de 2026, y reconoció que existían fuertes presiones políticas de grupos que, ante la incertidumbre, deseaban volver al arcaico sistema de papeletas manuales²³.

A pesar de las advertencias del ministro Bestard, la presión política del oficialismo resultó irrefrenable. Sumado al pedido del Senado, una resolución paralela de la DNCP ordenó retrotraer el llamado a la etapa de evaluación de ofertas debido a las anomalías detectadas. Acorralado, el 29 de agosto de 2025 —el mismo día que formalizó la descalificación de Comitia-MSA— el Tribunal Superior de Justicia Electoral emitió la Resolución DGAF/TSJE Nº 759/2025¹.

A través de este documento, invocando el artículo 57 inciso "c" de la Ley 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas (que permite cancelar procesos ante potenciales daños a la entidad contratante), el TSJE dio por cancelada definitivamente la Licitación Pública Internacional N° 1/2025 para la compra de las máquinas¹. En el artículo 2 de la misma resolución, la máxima instancia electoral ordenó a la Dirección de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) iniciar de manera perentoria los trámites administrativos para un nuevo llamado público, esta vez bajo la modalidad de arrendamiento¹. La soberanía tecnológica paraguaya había sido abortada.

6. El Retorno de Comitia-MSA y el Entramado Corporativo de Ueno Bank (Octubre - Diciembre 2025)

El corolario del abortado proceso de compra delineó uno de los episodios más controvertidos en la historia de las contrataciones públicas en Paraguay, revelando la profunda interpenetración entre el capital financiero privado y las altas esferas del poder estatal. Acatando el mandato político del Senado, el TSJE estructuró a contrarreloj una nueva licitación para garantizar la infraestructura de las elecciones internas partidarias de junio de 2026 y las municipales de octubre del mismo año.

El 17 de octubre de 2025, la Justicia Electoral publicó el nuevo llamado para el alquiler de 18.000 máquinas de votación². La historiografía de este proceso documenta un giro administrativo que encendió todas las alarmas en los organismos de control ciudadano. Para viabilizar este nuevo llamado bajo la urgencia del cronograma electoral, el TSJE procedió a modificar sustancialmente el Pliego de Bases y Condiciones, eliminando y "flexibilizando" las mismas 26 exigencias de seguridad que habían sido el fundamento para descalificar a Comitia-MSA meses atrás (Diario ABC Color, 2025)³.

Las nuevas reglas de juego, según peritos informáticos, degradaron los estándares técnicos del Estado paraguayo: se permitió expresamente la utilización de componentes electrónicos reprogramables (como los chips RFID cuestionados), se eliminaron las exigencias de certificación tecnológica internacional rigurosa y se redujeron los protocolos de auditoría de hardware (Diario ABC Color, 2025)³³.

Protegido por este pliego flexibilizado, en noviembre de 2025 se realizó la apertura de sobres del nuevo llamado. El resultado causó estupor en la oposición: el Consorcio Comitia-MSA —la misma entidad que había sido descubierta intentando engañar a los técnicos del Estado e incumpliendo 26 normas de seguridad en julio— se presentó y quedó habilitado como el único oferente en competencia²⁵.

Sin competidores que disputaran el contrato, y con la presión del reloj electoral, el 5 de diciembre de 2025 los ministros Jaime Bestard, Jorge Bogarín y César Rossel firmaron la adjudicación del arrendamiento de las 18.000 máquinas de votación a favor de Comitia-MSA². El contrato final, formalizado el 2 de febrero de 2026, comprometió al erario público por un monto de 35 millones de dólares (aproximadamente G. 225.318 millones)². Paralelamente, en una maniobra de consolidación financiera, el Senado (a través de la Comisión de Asuntos Electorales presidida por Arnaldo Samaniego) confirmó la disponibilidad de estos fondos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, añadiendo una partida de G. 10.000 millones adicionales supuestamente destinados a costear una auditoría internacional del sistema condicionada al pago³³.

El Nudo Gordiano: Ueno Bank, Estudio Gross Brown y el Cartismo

La adjudicación a un consorcio de antecedentes técnicos dudosos no puede explicarse exclusivamente a través de la inoperancia administrativa; requiere un análisis de la economía política del Paraguay contemporáneo. Investigaciones periodísticas desnudaron conexiones inequívocas entre los representantes legales de Comitia-MSA en Paraguay y el núcleo íntimo del presidente Santiago Peña y el movimiento Honor Colorado³.

A partir de 2025, el Consorcio Comitia-MSA delegó su representación legal y su lobby corporativo al prestigioso estudio jurídico Gross Brown³. Esta firma legal no es un actor neutral en el mercado paraguayo; está intrínsecamente entrelazada con el Grupo Ueno y el Grupo Vázquez, conglomerados financieros que mantuvieron fuertes vínculos societarios con el presidente Santiago Peña (quien figuró como accionista de Ueno Holding Saeca y socio del Grupo Vázquez hasta marzo de 2025, coincidiendo con su asunción presidencial y los meses previos a la licitación)³².

La radiografía de los operadores del Estudio Gross Brown revela la profundidad de la "puerta giratoria" entre el Estado, la banca y los proveedores (Diario ABC Color, 2025)³:

• Eduardo Gross Brown Costa: Socio principal del estudio jurídico. Ejerce simultáneamente como director suplente y accionista de Ueno bank³.
• Pablo Debuchy: Abogado asociado del bufete que actúa como asesor corporativo principal del Grupo Vázquez³.
• Franco Boccia (Franklin Boccia): Abogado de Gross Brown que preside la firma Ueno Seguros SA. Políticamente, Boccia es hijo del difunto político Franklin "Anki" Boccia e hijastro de la senadora liberal opositora Celeste Amarilla (un nexo que evidenció cómo los intereses corporativos trascienden las fronteras partidarias tradicionales)³.

Para cimentar la operación, los registros financieros demostraron que Ueno bank aprobó y habilitó una línea de crédito expedita por valor de 14.100.000 dólares a favor de Comitia Paraguay SA. Esta masiva inyección de liquidez estuvo destinada específicamente a solventar la participación del consorcio argentino en las licitaciones estatales del TSJE⁴.

Frente a estas revelaciones, la indignación de los sectores democráticos no se hizo esperar. En la Cámara de Diputados se convocó de urgencia a las autoridades del TSJE para brindar explicaciones sobre la "dudosa licitación" monopolizada por exsocios presidenciales (Diario ABC Color, 2025)³⁸. En el Senado, legisladores como Éver Villalba (PLRA) denunciaron públicamente el hecho como un "negociado" escandaloso. En sus redes sociales, Villalba sentenció: "¡Adjudicación con un proceso oscuro lleno de dudas! Máquinas de Votación que no cumplen los mínimos criterios de seguridad y transparencia ni garantías para la ciudadanía. La democracia está en riesgo"³. Según el legislador, se había consolidado un "triángulo de intereses" geopolítico y comercial, donde proveedores extranjeros dictaban las reglas democráticas financiados por banqueros locales afines al poder de turno³.

La Opacidad Institucional: El Rol de la DNCP y la Inacción del TSJE

El círculo de impunidad administrativa se cerró con el comportamiento del TSJE ante los organismos de control. A pesar de haber documentado el grave intento de fraude de Comitia-MSA en julio de 2025 (el reemplazo clandestino de la pantalla táctil), las autoridades del tribunal electoral hicieron deliberadamente la "vista gorda". El TSJE nunca presentó una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ni ejecutó la millonaria póliza de fiel cumplimiento de oferta contra el consorcio infractor, tal como estipulaba la ley².

Interpelado por la prensa sobre esta grave omisión, el Director de Administración y Finanzas del TSJE, Daniel Echagüe, ensayó una justificación formalista. Echagüe argumentó que la institución concluyó, tras un "análisis jurídico interno", que no se reunían los "presupuestos jurídicos" para ejecutar la póliza o denunciar a la empresa bajo los artículos 145 (Faltas graves) y 146 (Faltas leves) de la Ley 7021/2022. Según su perspectiva, como el consorcio fue descalificado antes de finalizar la evaluación técnica de 12 horas, la oferta "no fue formalmente evaluada" y, en consecuencia, no existió un daño patrimonial o dolo consumado contra la institución². "No hay que hacer la denuncia así por así", declaró el funcionario, rehusándose a explicar por qué el TSJE no sentó un precedente de probidad ante un evidente engaño⁴⁰.

La debilidad de este argumento quedó expuesta el 16 de abril de 2026. Respondiendo a una denuncia anónima de terceros, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la DNCP emitió un dictamen oficial demoledor. El ente rector de compras públicas concluyó que el reemplazo de una pieza exigida como requisito técnico mínimo (la pantalla LCD) utilizando un componente ingresado subrepticiamente como "accesorio", constituía a todas luces una acción capaz de influir y viciar la evaluación del comité. Por tanto, la DNCP determinó que existían méritos suficientes para remitir los antecedentes al Departamento de Sumarios y procesar a Comitia-MSA por la comisión de "faltas graves"².

Trágicamente para la integridad del erario paraguayo, este dictamen de Contrataciones Públicas llegó tarde. Para abril de 2026, amparado en las modificaciones a la medida impulsadas por el Senado, el TSJE ya había firmado, sellado y pagado los adelantos del contrato de arrendamiento por 35 millones de dólares a la empresa bajo sumario².

7. Vulnerabilidades Estructurales: El Debate Técnico, el Código Fuente y el Solucionismo Electrónico

La cristalización del contrato con Comitia-MSA trasladó la disputa del terreno financiero al ámbito estrictamente tecnológico. La infraestructura de votación electrónica impuesta en Paraguay generó un debate historiográfico y sociotécnico sobre la pérdida de soberanía ciudadana. Organizaciones civiles especializadas en derechos digitales, como TEDIC, acuñaron el término "solucionismo tecnológico" para describir la falsa creencia de que la informatización erradicaría los vicios de la política tradicional, cuando en realidad inauguraba vectores de ataque infinitamente más sofisticados y opacos⁵.

Obsolescencia de Hardware y Manipulación por Radiofrecuencia (RFID)

El senador Éver Villalba se constituyó en el abanderado de la auditoría técnica desde el Parlamento. En sucesivas intervenciones, Villalba demostró que la tecnología arrendada por 35 millones de dólares rozaba la obsolescencia programada. Señaló, citando informes periciales, que las máquinas operaban con componentes discontinuados a nivel global, específicamente vetustos procesadores Pentium III. La utilización de hardware descatalogado imposibilitaba la actualización de protocolos de seguridad modernos y dejaba a la justicia electoral a merced del mercado negro o del canibalismo de piezas para el mantenimiento³.

Sin embargo, la crítica más letal apuntó a la vulnerabilidad del voto físico. El núcleo de la boleta única electrónica radica en su chip de radiofrecuencia (RFID), que almacena el voto del ciudadano para su lectura rápida en el escrutinio. El TSJE sostuvo incesantemente que la inviolabilidad estaba garantizada porque los chips eran de un solo uso y poseían cifrado de nivel bancario.

Durante una transmisión radial de gran audiencia ("A La Gran 730" de ABC Color), el senador Villalba y sus técnicos destruyeron este mito en tiempo real. Utilizando un teléfono inteligente estándar equipado con tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) y una aplicación gratuita descargable de internet denominada NFC Tools, Villalba demostró empíricamente que los chips RFID de los boletines paraguayos carecían del bloqueo de reescritura prometido. "Vamos a demostrar que los chips no se utilizan una sola vez. Esta es una estafa a la democracia. Previamente puede cargarse, puede alterarse, puede borrarse con una simple app de Smartphone", denunció el legislador, validando los peores temores del Ítem 102 que el TSJE había intentado ocultar tras la evaluación de julio de 2025³.

El Secreto Industrial por sobre la Soberanía Democrática

El axioma fundamental de la ciberseguridad electoral a nivel global dictamina que la confianza debe cimentarse en la transparencia total del código fuente (el lenguaje de programación que dicta el comportamiento de la máquina). A pesar de los insistentes reclamos de la oposición, expertos en ciberseguridad y organizaciones como TEDIC, el TSJE se negó categóricamente a hacer público el código fuente del software proveído por Comitia-MSA⁴².

La defensa institucional del tribunal se basó en una interpretación maximalista de la propiedad privada y el secreto comercial. Fausto Von Streber, Director General de Tecnologías de la Información (TIC) del TSJE, lo expresó sin ambages ante la prensa: "Nosotros no somos dueños ni de las máquinas ni del software. Lo que hace la empresa es cedernos el uso... El código fuente es una propiedad intelectual de la empresa y solamente la podemos exhibir en un ambiente seguro (cerrado)" (Diario Última Hora, 2026)⁴². A su vez, Carlos María Ljubetic, Director de Procesos Electorales, secundó esta postura afirmando que el contrato de arrendamiento les prohibía expresamente divulgar la arquitectura del software a la ciudadanía o a la academia⁴².

La posición del TSJE consistía en realizar "auditorías" a puertas cerradas, únicamente con apoderados técnicos designados por los partidos políticos tradicionales, en las cuales se revisaba un DVD maestro que supuestamente contenía el código, y no las máquinas en sí⁴⁶. Este procedimiento fue duramente descalificado como un "simulacro" por sectores disidentes. Villalba acusó que incluso dentro del propio Partido Liberal, el apoderado informático designado, Carlos Díaz Casabianca, operaba como un "infiltrado" que respondía a las directrices del cartismo gobernante, imposibilitando un escrutinio real (Radio 780 AM, 2026)⁴⁸.

Las Cinco Dimensiones del Riesgo Electoral

La persistencia de esta caja negra tecnológica llevó a la organización TEDIC (2021, 2023) a publicar informes detallados advirtiendo sobre las falencias críticas del paradigma electrónico paraguayo. Sus investigaciones identificaron cinco áreas de vulnerabilidad sistemática⁵:

1. Pérdida de Control Democrático Ciudadano: Al privatizar la infraestructura electoral, la capacidad de auditar los comicios pasa de los ciudadanos comunes a una diminuta élite de técnicos corporativos. La renuncia al control ciudadano subvierte el principio rector de que las elecciones deben ser comprensibles para el elector⁵.
2. Vulneración del Secreto y la Privacidad: Aunque el TSJE aseveró que las máquinas funcionaban meramente como impresoras carentes de memoria (argumento repetido por la vicedirectora de tecnología Dominic Ramírez y el ministro César Rossel), la lectura a distancia de los chips RFID y la posibilidad de registrar metadatos permiten, en teoría, correlacionar el orden de votación con la identidad del elector, erradicando el anonimato⁵.
3. La Ilusión de la Auditoría Total: Los investigadores demostraron que es humanamente imposible auditar exhaustivamente un software moderno que posee millones de líneas de código durante una ventana de escasas semanas. Además, un código malicioso bien diseñado puede detectar cuándo está siendo auditado en modo "simulacro" y comportarse de manera legítima, activando el fraude únicamente el día de la votación real¹⁰.
4. Imposibilidad de Mitigar Ataques Coordinados: En caso de fallas masivas de energía, ataques cibernéticos contra el sistema TREP o mal funcionamiento de las máquinas (como ocurrió con máquinas que imprimieron "actas en cero", justificado por Ljubetic como "error humano"), la dependencia tecnológica paraliza el ejercicio democrático¹¹.
5. Exclusión Digital y Usabilidad: La complejidad de interactuar con la pantalla táctil para sectores demográficos con baja alfabetización digital abrió la puerta al fenómeno más perverso de la nueva era: el secuestro del voto a plena luz del día¹¹.

8. La Paradoja del "Voto Asistido": Clientelismo en la Era Digital

Quizás la consecuencia sociológica más palpable de la implementación de las máquinas de Comitia-MSA fue la mutación de las prácticas de coerción electoral. Ante las dificultades que presentaba la tecnología para los adultos mayores y las poblaciones rurales, la ley permitía que personas con discapacidades severas ingresaran al cuarto oscuro acompañadas por alguien de su confianza⁵³.

Esta excepción humanitaria fue rápidamente cooptada por las maquinarias punteriles (operadores de base) de los partidos hegemónicos, dando origen al escándalo del "voto asistido". A lo largo de las elecciones internas y municipales, la prensa documentó cómo operadores vinculados principalmente al Partido Colorado (aunque la práctica se extendió a otras facciones) se instalaban cerca de las mesas y acompañaban sistemáticamente a miles de electores sanos al interior del cuarto oscuro bajo la excusa de "enseñarles a usar la máquina" (Diario Última Hora)⁵⁴.

En realidad, el operador político digitaba personalmente la pantalla, garantizando que el elector votara por el candidato que había pagado por su sufragio. El presidente Santiago Peña intentó minimizar estas denuncias argumentando que "nunca se ha podido demostrar un esquema de compra masiva" y cuestionando la logística de comprar millones de votos, pero los testimonios y las intervenciones policiales en distritos como Belén y Asunción confirmaron que el secreto del voto había sido fulminado⁵⁵. La tecnología, concebida para modernizar la República, se había transformado en el instrumento perfecto para certificar y auditar la compra de voluntades, exacerbando el clientelismo histórico. Ante estas anomalías masivas, el TSJE se vio obligado a emitir recordatorios estériles sobre la prohibición del voto asistido no justificado, pero su inacción punitiva demostró la impotencia institucional frente al poder territorial de los partidos⁵³.

9. El Contexto Político Periférico de las Elecciones 2026

Para situar históricamente esta crisis de infraestructura, es necesario observar el panorama de las elecciones municipales de 2026, el campo de batalla donde estas máquinas operarían. El clima político estaba marcado por una fuerte polarización y reconfiguraciones de poder. En la capital, Asunción, el líder de la bancada cartista en el Senado, Natalicio Chase, reconocía el avance de la oposición encarnado en la figura de la intendenta electa Soledad Núñez, advirtiendo que la derrota debía obligar a la Asociación Nacional Republicana (ANR) a un profundo análisis¹.

Paralelamente, los comicios provocaron movimientos tectónicos en el Poder Legislativo. La Cámara Baja (Diputados) sufrió reconfiguraciones debido a que titulares como Alejos Ríos (PLRA) y Sebastián Remesowski (ANR) abandonaron sus bancas tras triunfar en las intendencias de Caaguazú y Encarnación, respectivamente¹. En el Senado, la retórica se endurecía, con figuras como la senadora colorada Lilian Samaniego lanzando duros descalificativos contra Horacio Cartes, presidente de la ANR, y la senadora liberal Celeste Amarilla promoviendo acciones legales contra encuestadoras por presunta manipulación de percepciones¹.

En este hervidero político, donde figuras como el Comandante de la Fuerza Aérea, Julio Fullaondo, celebraban la consolidación de la vigilancia aeroespacial para el combate al crimen organizado, el control sobre el aparato electoral se volvía la joya de la corona¹. La prisa del TSJE por desplegar las máquinas para la práctica ciudadana —priorizando localidades críticas como Asunción— evidenciaba la ansiedad por legitimar un sistema tecnológico que nacía bajo un denso manto de sospechas de fraude preconfigurado⁵⁶.

10. Conclusiones

La reconstrucción histórica de la adquisición e implementación de la infraestructura de votación electrónica en el Paraguay (2019-2026) permite extraer conclusiones ineludibles sobre la calidad institucional del Estado y los peligros de la tercerización de la soberanía.

En primer lugar, la crónica del fallido proceso de compra de 2025 demuestra la permeabilidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral frente a los dictados del Poder Legislativo y los intereses financieros privados. La intervención del Senado para cancelar una licitación de 92 millones de dólares, forzando a la institución electoral a retornar a un modelo de arrendamiento que beneficiaba a un consorcio previamente descalificado por alterar equipos, representa una erosión profunda del principio republicano de independencia de los poderes extrapoderes.

En segundo término, la investigación revela un ecosistema de capitalismo de connivencia (o crony capitalism). La red de vínculos societarios y financieros que une al Consorcio Comitia-MSA, el banco Ueno, el Estudio Gross Brown y el círculo íntimo del Poder Ejecutivo paraguayo evidencia cómo la infraestructura electoral fue mercantilizada. El Estado, a través del TSJE, operó como un facilitador para asegurar contratos plurianuales cautivos por valor de 35 millones de dólares, eludiendo deliberadamente la aplicación de sanciones dictaminadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Finalmente, en el plano sociotécnico, la cerrazón del TSJE a auditar pública e independientemente el código fuente de las máquinas, escudándose en la propiedad intelectual y el secreto corporativo, constituye un retroceso para la soberanía popular. Las demostraciones empíricas sobre la vulnerabilidad de los chips RFID y la institucionalización del clientelismo a través del "voto asistido" desmienten el discurso del solucionismo tecnológico. La tecnología impuesta en Paraguay no erradicó los atavismos del sistema electoral tradicional; más bien, los informatizó, los hizo más veloces y los ocultó detrás de un código inescrutable para el ciudadano común. La consolidación democrática de la República exigirá, inexorablemente, una reforma estructural que devuelva a los electores el control y la auditabilidad absoluta sobre el destino de sus sufragios.